A partir del 3 de abril de 2025 entrará en vigor una nueva normativa que regulará los alquileres de corta duración en España. Su objetivo es aumentar el control de las comunidades de propietarios sobre este tipo de actividades. Es probable que los cambios tengan un impacto significativo en el mercado inmobiliario, especialmente en las regiones turísticas.
Nuevas normas para el alquiler vacacional
Según la nueva normativa, los propietarios de pisos turísticos, es decir, para alquiler a corto plazo, tendrán que obtener la aprobación de la comunidad de vecinos. La decisión de aprobar el alquiler requerirá una mayoría de 3/5 votos. Si los estatutos de la comunidad no prohíben el alquiler turístico, la decisión final dependerá del voto de los vecinos.
Esto no se aplica si el piso se alquila de forma continuada durante más de dos meses al mismo inquilino.
En caso de alquiler no autorizado, el presidente de la comunidad se enfrentará a posibles sanciones si el propietario hace caso omiso de las citaciones. Las sanciones económicas por alquilar sin el consentimiento de la comunidad oscilarán entre 30.000 y 600.000 euros, dependiendo de la región y la magnitud de la infracción.
¿Cuál será el impacto en el mercado del alquiler?
Los cambios pueden provocar una disminución del número de pisos de alquiler turístico, lo que puede traducirse en un aumento de las ofertas de alquiler a largo plazo. Al mismo tiempo, la oferta limitada de pisos turísticos puede provocar un aumento de sus precios, lo que sin duda afectará al mercado del alojamiento a corto plazo.
La nueva legislación también permite a las asociaciones de la vivienda imponer tasas adicionales a los propietarios que alquilen a turistas. El aumento del coste de las tasas inmobiliarias puede llegar al 20%. La carga financiera adicional puede incitar a los propietarios a vender sus propiedades o convertirlas en alquileres a largo plazo.
Quienes ya tuvieran pisos turísticos registrados antes del 3 de abril de 2025 no necesitarán obtener una nueva autorización de alquiler. Esto significa que los actuales arrendadores – que operan con arreglo a la normativa vigente – no tendrán que cumplir requisitos adicionales.
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¿Qué cambiará para los propietarios?
La nueva normativa está provocando reacciones encontradas. Las asociaciones de propietarios están a favor de los cambios, pues los consideran una forma de frenar el excesivo número de pisos destinados al alquiler de corta duración. Los residentes de las comunidades de propietarios, por su parte, pueden esperar más tranquilidad. Sin embargo, los propietarios pierden entonces la libertad de disponer de su vivienda. Los cambios podrían afectar especialmente al mercado inmobiliario de Andalucía, donde los alquileres de corta duración son una parte importante del negocio turístico.
La nueva normativa sobre alquileres de corta duración pretende reforzar el papel de las comunidades de residentes a la hora de decidir el funcionamiento de tales actividades. Aunque la normativa pretende mejorar la calidad de vida de los residentes, también puede afectar a la rentabilidad de las inversiones en propiedades de alquiler turístico.
